Diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan hace años en temas de infancia pusieron la voz de alerta sobre la discusión en la Convención Constitucional en torno a la autonomía y continuidad de la Defensoría de la Niñez, organismo que describen como fundamental para garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, los que han sido gravemente y sistemáticamente vulnerados en los últimos años. Según lo que la misma agrupación pudo comprobar luego de revisar el texto de sistematización de la Comisión de Sistema de Justicia, se están proponiendo iniciativas que plantean explícitamente la supresión de la actual Defensoría. 

Word Vision, Hogar de Cristo, América Solidaria, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), Aldeas Infantiles SOS, Fundación Mi Casa, Fundación Para la Confianza y Comunidad de Organizaciones Solidarias, son sólo algunas de las organizaciones que forman parte del Bloque por la Infancia y que suscriben esta declaración donde piden dar rango constitucional de la Defensoría de la Niñez para garantizar su independencia y autonomía. 

Hablamos con el Secretario del Bloque por la Infancia y Encargado del Área de Estudio de Fundación Mi Casa, Jorge Martínez, para que profundice sobre esta  alerta que ponen sobre la mesa, la que busca evitar la eliminación de la Defensoría de la Niñez como organismo autónomo y encargado de defender los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile.

¿Por qué decidieron hacer esta declaración en conjunto y qué esperan por parte de la Convención?

Primero, desde el año 2012 que es un objetivo “intransable” del Bloque por la Infancia que la Defensoría tenga rango constitucional. Por otro lado, jugamos un rol importante en sacar adelante la Defensoría bajo el segundo Gobierno de la ex presidenta Bachelet, incluso en contra de sectores del propio gobierno que querían dejarla como un Departamento del INDH, y hoy hemos visto que el peligro para la existencia de la Defensoría es real y lo comprobamos al revisar la iniciativa de constituyentes sobre la Defensoría del Pueblo. Tomando en consideración que la recomendación del Comité de Derechos del Niño es reforzar y no debilitar las Defensorías de la Niñez, lo que esperamos de la Convención es que le reconozca rango constitucional a la Defensoría, en tanto actor institucional relevante de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez en el país. Si lo hacen, avanzamos, si no lo hacen, entraremos a una situación compleja y, si eliminan a la Defensoría, estaremos ante un enorme retroceso, un retroceso que seguramente los/as convencionales, en este momento, no logran visualizar, pero si hicieran el ejercicio, creo que no dudarían en evitar tal decisión.

¿Por qué la existencia de la Defensoría de la Niñez estaría corriendo peligro con el texto de sistematización de la Comisión de Justicia?

La propuesta de la Defensoría del Pueblo es explícita al plantear que la Defensoría de la Niñez y el INDH serán “absorbidos”, “suprimidos”, para dar paso a esa nueva entidad.

Para el caso del INDH, una Defensoría del Pueblo, dada las debilidades del Instituto en tanto órgano independiente, es un avance, pero en el caso de la Defensoría de la Niñez es todo lo contrario, un retroceso. La Defensoría de la Niñez ya es una autoridad de Titularidad Unipersonal, ya tiene un carácter independiente fuerte, vale decir, tiene las características exigidas para una entidad como esta, por tanto, generar una autoridad de titularidad unipersonal de mandato general, que absorba, que suprima la Defensoría de la Niñez, es una vuelta atrás en derechos de niñez en Chile. Y esta opinión la compartimos con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

¿A qué se refieren cuando solicitan el reconocimiento de la autonomía de la Defensoría de la Niñez?

La Defensoría de la Niñez ya es autónoma, la Ley 21.067 que le dio vida lo consagra, es decir, ya es un órgano independiente en materia de DDHH de niños, niñas y adolescentes, debiendo cumplir tareas de supervigilancia, mediación y persuasión.

Cuando hablamos de esta autonomía, lo decimos en relación a la posibilidad de existencia de una Defensoría del Pueblo. Vale decir, explicitamos nuestra convicción de que es perfectamente posible la convivencia y el apoyo mutuo entre pares, de dos entidades autónomas: una Defensoría de mandato general y una Defensoría de mandato especializado en niñez. El fundamento para ello lo da el Comité de Derechos del Niño en su Observación General N°2, donde, entre otros aspectos, asegura que “rara vez se tienen en cuenta las  opiniones de los menores; la mayoría de los niños no tienen voto y no pueden asumir un papel significativo en el proceso político que determina la respuesta de los gobiernos ante el tema de los derechos humanos; los niños tropiezan con dificultades considerables para recurrir al sistema judicial a fin de que se protejan sus derechos o pedir reparación por las violaciones de sus derechos; y el acceso de los niños a las organizaciones que pueden proteger sus derechos generalmente es limitado”.

En la práctica, ¿qué diferencia significa consagrar la Defensoría de la Niñez en la nueva Constitución?

Si queda consagrada, no estaremos más ante un debate como este. Es decir, no estaremos ante el riesgo de que sea “absorbida”, “suprimida” o subsumida cada vez que se le ocurra a alguien levantar una propuesta en materia de órganos independientes de DDHH. Esto implica que quedará firme en nuestra institucionalidad, no dependiendo de los aires políticos que corren. De esta manera podrá jugar a plenitud su rol, para hacer valer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ello le dará una fuerza enorme para presionar por la existencia de un Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez, desafío que está pendiente desde agosto de 1990.

¿Cuál es el rol que debe jugar la Sociedad Civil en este proceso?

Nosotros como organismos de la sociedad civil que trabajan en infancia, nos consideramos parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y promovemos dicho instrumento, sus protocolos y sus Observaciones Generales. Desde dicha perspectiva, instalar la necesidad en nuestra sociedad sobre la existencia de una Defensoría autónoma con rango constitucional, es una tarea urgente y seguiremos bregando por ello.

Decir, de paso, que el Comité de Derechos del Niño siempre ha reconocido y relevado el rol de las organizaciones de la sociedad civil, porque allí se tiene plena consciencia que sin nuestro papel, el mundo no tendría una Convención y los Estados no habrían avanzado en el reconocimiento de Derechos (en Chile la historia de estos 31 años post Convención, reafirma esta mirada del Comité).

Más información sobre esta iniciativa en https://bloqueporlainfancia.cl/